01/11/2014 - 1:29 AM
Al Instante

REPORTE FRONTERA / Por Seth Rojas Molina

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JUAN DIAZ DE LA TORRE: MORDIDAS DE LENGUA

Por Seth Rojas Molina

Durante su reciente visita a Reynosa, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aprovechó uno de los eventos que encabezó, acompañado por el gobernador del estado, para hablar de la postura del magisterio respecto de la reforma educativa.
En su discurso Juan Díaz de la Torre, dijo que el sindicato no ha sido eficaz en hacerle ver a la sociedad que los maestros buscan la defensa de sus derechos y que se entienda que, enfatizo, no son prebendas o “arreglos en lo oscurito”.
Definitivamente tiene razón, los derechos laborales de los trabajadores de la educación deben respetarse por ser las prestaciones que les corresponden derivadas de los servicios que prestan al gobierno.
Sin embargo, Díaz de la Torre es cínico cuando revuelve el  tema de los derechos laborales con el de las “prebendas o arreglos en lo oscurito”  ya que son dos cosas distintas pero coexistentes en la relación entre el sindicato y las autoridades.
El hecho de que parte de la burocracia del SNTE es pagada con recursos públicos que se destinan a la liquidación de los empleados en comisión sindical es parte de los arreglos abusivos entre el gobierno y la organización.
En el caso de Tamaulipas esta práctica llega a costarle al erario hasta 15 millones de pesos trimestrales.
Estas prácticas incluso se convierten en conductas delictuosas de ambas partes.  En otras ocasiones he documentado como el presupuesto para la educación se convierte en botín en el sentido más llano del término que refiere al beneficio que se obtiene de un robo.
Por citar un solo ejemplo, también en Tamaulipas se asignan claves presupuestales para plazas laborales que  los representantes del sindicato reparten entre sus cercanos y familiares. Se trata de gente que no trabaja y peor aún cobra por una plaza que solo existe en los registros de la nómina de educación.
Una muestra se encuentra en casi 200 plazas de inspectores generales de secundaria técnica repartidas en Ciudad Victoria y Reynosa que se entregaron en esas condiciones.
Existen evidencias contundentes  de estas prácticas ilegales. La Secretaría de Educación Publica las ha incluido  entre la documentación que está obligada a poner a disposición del público.
A pesar de lo notorio de esas graves irregularidades nada se hace porque estas cosas son parte de las abusivas ventajas que el gobierno ha concedido al sindicato

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